Imaginemos por un momento que un delincuente, o presunto delincuente, comete un delito suficientemente grave como para traumatizar a una persona y a sus familiares por el resto de sus vidas.
Sigamos imaginando y encontrémonos en la siguiente situación: dicho delincuente es puesto en libertad sin cargos porque goza de impunidad por causa de las leyes que le declaran no imputable por no alcanzar la edad necesaria para tener que rendir cuentas ante un tribunal.
Y para terminar este ejercicio de imaginación, procuren figurarse cómo puede sentirse la victima de este delito, además de sus familiares, cuanto tengan que cruzarse por la calle con este delincuente que, a pesar de lo que digan las absurdas leyes del menor, puede darse perfecta cuenta de lo execrable de su actuación.
Abandonando ahora los supuestos, podemos dar gracias a los políticos que no se atreven a acometer la reforma de ciertos aspectos de nuestras leyes por el único motivo de que se les tache de antiprogresistas, por haber favorecido que un mal nacido de trece años pueda pasear libremente por la calle, aún después de haber colaborado en la violación de una niña de su misma edad.
No creo necesario en incidir en la gravedad del hecho, ni en la desgracia que acompañará a una niña cordobesa de trece años que fue violada en Baena por seis jóvenes con edades comprendidas entre esos mismos trece años, hasta el mayor de ellos, ya un adulto de veintidós. El hecho sucedido a principios de este mes, es abominable y cualquier persona de bien desea que los culpables paguen soportando todo el peso de la ley; deseo que, en España, no deja de ser un ejercicio de ingenuidad porque el adulto, una vez condenado, saldrá a la calle en muy pocos años, y los menores encausados, hasta que no cumplan la mayoría de edad, serán internados en un centro donde el mayor fastidio que sufrirán será tener que asistir a clases de jardinería o fontanería mientras esperan que pase el tiempo para volver a su cómodo centro de menores a pasar las horas jugando con
Pero uno de los aspectos más terribles de esta lamentable situación es que uno de los violadores escapará sin más, por el simple hecho de ser suficientemente menor para no ser imputado. Cuidado; no estamos hablando de un niño de siete u ocho años. Es un chico de trece, que ya puede saber perfectamente lo que está bien y lo que está mal.
Es un “legalismo” lo que le salva de cumplir un castigo que, por otra parte, sería como unas vacaciones forzadas, tal y como les sucederá a los anteriores anormales. Y en este caso, sin conocer más detalles de los hechos y los antecedentes en las vidas de esta pandilla de impresentables, tampoco me vale el socorrido argumento de “así serán los padres y mira como les salió el hijo”. También hay padres esforzados y cuidadosos que se han esforzados en educar bien a sus hijos y alguno de estos, posteriormente, ha resultado ser un verdadero criminal.
El hecho alarmante es que este chavalito se libra sin más. Como mucho, quizás, pueda llevarse de recuerdo algún bofetón de sus padres. Pero, tal y como están las cosas, quizás no se atrevan a dárselo para no acabar denunciados por el menor ante algún juez tan sensible y humano como ladrillo, que les sancione con un dineral y con la separación de su victimizado niño.
Este adolescente acaba de comprobar ahora que es inmune ante la ley, hasta sea un poco más mayor. No tiene que restituir el daño hecho. En su situación actual, igual hubiese sido violar a una niña que robar una botella de Pepsi en una tienda pero, no nos engañemos; de ese sentimiento de impunidad tan culpable es él como los padres de la patria que tienen en sus manos la posibilidad de solucionar esta vergüenza “legal” y que no hacen lo necesario por el temor a que algún rancio populista les acuse de fascismo contra los menores.
Tampoco será imputado otro de los menores por ser discapacitado psíquico. Otro asunto que se debería abordar con valor e intención de mejorar las leyes. No sería la primera vez que un discapacitado de estas características se libra de responder ante la justicia por su condición de minusvalía. Mucho cuidado con este asunto. Hay discapacitados que sufren verdaderos problemas cognitivos y no son conscientes de las consecuencias de sus hechos, pero otros tienen clasificada su minusvalía de modo que se acredita retraso para estudiar, aprender o desempeñar ciertas funciones, aunque se les reconoce la capacidad de ser conscientes de lo correcto o incorrecto de sus acciones.
Desgraciadamente, la participación de menores en casos de violación es un hecho demasiado habitual y, en un buen número de ocasiones, las víctimas y las personas de su entorno se sienten absolutamente indefensas ante la aplicación de la ley.
La imagen pertenece a un artículo de elmundo.es.
